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De esta manera, serán pasados a retiro de manera automática, sin necesidad de una investigación administrativa a nivel de Inspectoría General de la PNP.
Asimismo, serán puestos a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial para ser sometidos a un proceso penal.
Esto mismo ocurre con aquellos que participen en actos de terrorismo, lavado de activos, secuestro, trata de personas, espionaje, violación, robos, extorsión y otros delitos graves.
También se establecen algunos cambios en cuanto a los plazos del procedimiento administrativo disciplinario y de investigación, que permitirá acelerar los procesos en caso de infracciones graves y muy graves. Asimismo, se refuerza la competencia de la Inspectoría General del Sector Interior, que depende del ministro del Interior












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